El Consejo de Ministros ha declarado a Canarias como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras los numerosos episodios meteorológicos adversos registrados entre febrero y marzo, entre ellos las borrascas Nils y Therese.
La medida, adoptada a propuesta del Ministerio del Interior, incluye también a otras doce comunidades autónomas que sufrieron un total de 42 situaciones catastróficas, como inundaciones, fuertes vientos, fenómenos costeros e inclemencias invernales.
El acuerdo permite activar un amplio paquete de ayudas y subvenciones destinadas a compensar los daños personales y materiales sufridos por los afectados. Estas ayudas se canalizarán tanto a través del Estado como de distintos organismos, entre ellos el Consorcio de Compensación de Seguros.
Entre las medidas previstas, el Ministerio del Interior cubrirá daños personales, en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, comerciales y bienes de entidades locales. También se contemplan ayudas para quienes hayan colaborado en las labores de emergencia.
Además, se estudia la exención de tasas en trámites como duplicados del permiso de circulación, bajas de vehículos siniestrados o la expedición del DNI.
Otros ministerios también podrán activar medidas específicas. El Ministerio de Hacienda prevé beneficios fiscales como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Por su parte, las áreas de Trabajo y Seguridad Social podrán impulsar bonificaciones y exenciones de cuotas.
Asimismo, el Ministerio de Política Territorial podrá financiar hasta el 50% de las obras de reparación de infraestructuras municipales dañadas, mientras que el Ministerio de Agricultura podrá conceder ayudas por pérdidas en explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras.
El ministro Ángel Víctor Torres ya había adelantado esta decisión, subrayando que la declaración responde a la necesidad de atender tanto los daños materiales como personales sufridos en los últimos meses.
En el caso de Canarias, los efectos de estos temporales han dejado pérdidas estimadas en torno a los 180 millones de euros, lo que justifica la intervención del Estado bajo el principio de solidaridad interterritorial para apoyar la recuperación de las zonas afectadas.
