La Fiscalía de Almería ha solicitado penas de prisión para una treintena de personas implicadas en una trama criminal que organizaba falsas agresiones machistas para que mujeres en situación irregular obtuvieran permisos de residencia en España y cobraran ayudas sociales, a cambio de pagos de hasta 4.500 euros a la organización.
La acusación se dirige contra 30 personas: el principal acusado e ideólogo de la red, cuyas iniciales son A.F.; 13 hombres que actuaban como falsos agresores y 16 mujeres que simulaban ser las víctimas.
El Ministerio Público ha interesado además el sobreseimiento provisional para otras cuatro personas al no estar debidamente acreditada su participación en los hechos.
Según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos se produjeron entre 2017 y 2019. El principal acusado, de nacionalidad marroquí, urdió el plan de obtención de beneficios ilícitos junto a otra persona que ha sido identificada, pero no localizada.
El 'modus operandi' consistía en concertar encuentros en lugares públicos de distintas localidades como Roquetas de Mar, Almería, El Ejido o Vícar, donde las mujeres se citaban con los hombres reclutados, quienes las agredían físicamente causándoles lesiones reales.
Tras la agresión, las mujeres denunciaban los hechos ante la Guardia Civil o en los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer, declarando falsamente que el agresor era su pareja sentimental.
Los varones reconocían los hechos de forma inmediata, lo que derivaba en rápidas sentencias condenatorias de conformidad por delitos de lesiones en el ámbito de violencia de género.
Con la sentencia condenatoria, las mujeres presentaban en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería la solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, logrando así su regularización legal en el país por periodos de cinco años.
Además, nueve de las 16 acusadas utilizaron estas resoluciones para solicitar su incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE), defraudando cantidades individuales de entre 2.000 y 6.000 euros en ayudas.
El caso de mayor perjuicio económico corresponde a una de las acusadas que, tras obtener un empleo gracias a la residencia ilícita, percibió 7.501,79 euros por prestaciones de incapacidad temporal y otros 4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor.
Por todo ello, la Fiscalía solicita para A.F. un total de ocho años y seis meses de prisión como autor de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cooperador necesario en delitos continuados de falso testimonio y contra la Seguridad Social, además de inhabilitaciones y multas.
Para los 13 hombres que actuaron como agresores a cambio de una parte del dinero, el fiscal pide nueve meses de cárcel para cada uno de ellos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Estos individuos ignoraban que las mujeres pedirían ayudas públicas, pero conocían que su actuación delictiva servía para lograr la residencia legal.
Por su parte, las 16 mujeres se enfrentan a peticiones de tres años y nueve meses de cárcel por delitos de falso testimonio.
A las nueve acusadas que percibieron prestaciones ilícitas se les suma una petición adicional de un año y seis meses de prisión, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante cinco años, por delitos contra la Seguridad Social.
En concepto de responsabilidad civil, el principal acusado, A.F., deberá indemnizar solidariamente junto a cada una de las nueve mujeres receptoras de prestaciones a la Seguridad Social para reintegrar la totalidad de los más de 46.000 euros defraudados.
