La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge este martes a partir de las 09.30 horas el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a las dos hijas de su pareja, menores de edad y con discapacidad cognitiva, y en el que la Fiscalía solicita una pena de 23 años de cárcel.
El escrito señala que el acusado, ya condenado por sentencia firme como autor de un delito de amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer, inició una relación sentimental con una mujer y comenzó a convivir con sus dos hijas.
Así, durante ese periodo de tiempo, el procesado se aprovechó de la especial falta de madurez cognitiva de ambas menores y de que pasaba tiempo a solas con ambas en el domicilio para realizarles sistemáticamente tocamientos y agresiones con penetración.
Además les entregaba cantidades de dinero en efectivo de entre 5 y 20 euros una vez que culminaba sus agresiones.
Los hechos provocaron en las menores dolores en zona genital y sangrado en una de ellas, si bien no llegó a recibir asistencia facultativa ni revisión ginecológica alguna.
Una de las menores presenta afectación en el neurodesarrollo de procesos cognitivos superiores que le provoca un trastorno específico del aprendizaje y la otra, deficiencias en su neurodesarrollo, con un coeficiente intelectual de 66 acorde con edades inferiores.
Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional por la hermana mayor de las víctimas.
El juzgado de instrucción ya impuso cautelarmente al procesado la prohibición de comunicación por cualquier medio y aproximación a menos de 500 metros con las menores, su domicilio o cualquier otro lugar en que se encuentren, y por resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias se confirmó la declaración provisional de desamparo de ambas menores, con suspensión de la patria potestad de ambos progenitores bajo guarda del director del centro de educación adolescente.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años y aparte de los 23 años de cárcel se solicitan también 15 años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.
Igualmente pide 14 años de libertad vigilada, la prohibición de comunicarse y acercarse a las menores a menos de 500 metros y el abono de una indemnización de 12.000 euros para cada una de las víctimas.
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