El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este viernes que el acuerdo extrajudicial alcanzado con los empresarios a cuenta de las moratorias y la ley de medidas urgentes de 2009 es un "buen acuerdo" que evita a la comunidad autónoma un "problemón económico".
"Nosotros estamos muy tranquilos con lo que hemos hecho, hemos solucionado un problema que estaba ahí, hemos solucionado un problema que venía desde el año 2017, se ha llegado a un acuerdo, se ha zanjado definitivamente, no hay más posibilidades de reclamaciones por las partes y seguramente el próximo Gobierno, desde luego, no tendrá este asunto en cartera, que ya le digo yo que no es de un buen plato para degustar", ha respondido en comisión parlamentaria a preguntas de NC-BC y PSOE.
El consejero ha comentado que los criterios de indemnización no estaban "nada claros" y ahí solo había opciones, "aferrarse a los informes técnicos" o abrir una negociación, que es lo que finalmente se ha hecho porque los empresarios habrían optado por "litigar" durante cinco o diez años y los intereses de demora "corriendo".
En esa línea ha apuntado que el acuerdo --cifrado en 316 millones-- está avalado tanto por los servicios jurídicos del Ejecutivo como por los tribunales y entiende que es lo "menos lesivo" para las arcas públicas dado que había aspectos "interpretables" y se podría haber llegado a un máximo de casi 1.000 millones.
Ha admitido que este problema era una "losa" para la comunidad autónoma, algo que ha achacado a que no se logró desarrollar el artículo 17.1 de la ley de medidas urgentes cuando el 'Pacto de las Flores' estuvo "cuatro años gobernando" y solo dio "una patadita hacia adelante".
ACUERDO AVALADO POR LOS TRIBUNALES
"Lo que sí tenemos hoy es una solución al problema avalado por los tribunales y avalado por los servicios jurídicos del Gobierno. Podrá gustar más o menos, pero ese problema el próximo Gobierno no se lo va a encontrar", ha señalado.
Ha apuntado que la aplicación del artículo 17, ya derogado, solo implicaba una reclasificación de suelo por cinco años y después "dejaba de operar", aparte de que la competencia recaía en los ayuntamientos.
El consejero ha negado que el acuerdo suponga una "incongruencia" con la estrategia de reto demográfico debido a que se pierde suelo para vivienda y equipamientos públicos y ha avanzado que se seguirá buscando terrenos por todo el archipiélago.
"En este momento se consideró que era mejor llegar a un buen arreglo que a un mal pleito de cara al futuro que pudiera ser mucho, mucho más lesivo que lo que sería en la actualidad", ha comentado.
Esther González (NC-BC) ha comentado que el Gobierno ha asumido pagar la "mayor indemnización" de su historia y pese a que las propuestas de indemnización de la Consejería son "sensiblemente inferiores" al acuerdo final, con una diferencia que ha cifrado en unos 108 millones.
LAS PRIMERAS MORATORIAS, "CERO EUROS DE INDEMNIZACIÓN"
La diputada canarista ha recordado que todas las sentencias judiciales derivadas de las moratorias de 2001 y 2003 acabaron en el Supremo y con "cero indemnización" y ha deslizado que esta operación parece atender más a "meros intereses particulares" que al interés general.
Ha recordado el 'caso Las Teresitas', con empresarios y dirigentes políticos que "acabaron en la cárcel" y cree que "clama al cielo" como CC y PP saldrán a la calle a "pedir el voto" mientras "unos pocos promotores inmobiliarios salen con los bolsillos llenos de dinero público y con los derechos de su parcela intacta".
Nayra Alemán (PSOE) ha comentado que este acuerdo se alcanza en un momento "especialmente significativo" porque "miles de personas" han salido a las calles para reclamar el acceso a la vivienda y parece una "contradicción" que mientras falta suelo para construir se pague tanto dinero en indemnizaciones.
"El problema no termina ahí, porque Canarias paga y a la vez perdemos capacidad sobre unos suelos que son estratégicos", recordando que en 2022 se inició el proceso para tener capacidad sobre esos suelos y ahora se "desiste" y los propietarios mantienen sus derechos.
"No solamente vamos a pagar la indemnización, sino que renunciamos a una oportunidad de construir viviendas públicas en esos suelos", ha explicado.
Alemán se ha preguntado "cuánto le cuesta a Canarias" esta oportunidad perdida ya que el reto demográfico consiste en que las personas que "quieran vivir aquí puedan vivir aquí", desde jóvenes que desea emanciparse a trabajadores que no tengan que marcharse o las propias familias.
"Para conseguirlo, necesitamos recursos, pero también y sobre todo necesitamos suelo. A mí me preocupa que dentro de unos años podamos mirar hacia atrás y comprobar que hemos pagado dos veces, como le dije en el pleno, una vez con dinero público y otra vez renunciando a una oportunidad para el interés general", ha comentado.
Asimismo ha pedido una reflexión al Ejecutivo dado que el presunto interés general "coincide al céntimo con el interés particular del empresario".
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