El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás. Su Sala de lo Penal declara extinguida la responsabilidad criminal de Junqueras, Bassa, Turull y Romeva por la causa del procés, al asumir por completo el fallo del Constitucional. Lo hace, eso sí, sin ahorrarse reproches.
El punto de partida es la sentencia del 6 de octubre. El pleno del Constitucional anuló los autos que negaban la amnistía y exigió una nueva resolución que declarase amnistiada la malversación. El amparo se concedió a Bassa, pero su efecto alcanza a los otros tres condenados por el mismo delito. Con la amnistía, también se levantan las inhabilitaciones, que en el caso de Junqueras y Bassa se extendían hasta 2031.
En 2024 el Supremo defendió que la malversación quedaba fuera del perdón porque, a su juicio, medió un «beneficio personal de carácter patrimonial». Obligado ahora a rectificar, el tribunal sostiene que el Constitucional se extendió en argumentos que no eran necesarios para conceder el amparo. Señala además que los siete magistrados que firman la sentencia descalifican, de hecho, a otros catorce que defendían la tesis contraria. Para el Supremo, no se trata de un choque entre instituciones, sino de un giro del propio Constitucional respecto a su doctrina anterior y de un exceso frente a la moderación que su ley reguladora exige a la hora de argumentar.
Con esta resolución se cierra la ejecutoria de los cuatro dirigentes independentistas. Sigue abierta, en cambio, la discusión sobre hasta dónde puede llegar el Constitucional al revisar cómo interpretan las leyes penales los tribunales ordinarios.
