El Gobierno ha dado un paso clave para reformar la Constitución Española con el objetivo de garantizar el derecho al aborto como prestación pública en todo el territorio. La propuesta, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso.
La reforma plantea modificar el artículo 43 para incluir explícitamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad y con acceso a los servicios necesarios dentro del sistema sanitario público.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya fue presentada en octubre de 2025 y recibió el aval del Consejo de Estado el pasado marzo. Según la ministra portavoz, Elma Saiz, el objetivo es garantizar este derecho “en condiciones apropiadas” en todo el país y reforzar la autodeterminación de las mujeres.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la reforma busca “blindar lo que está en riesgo”, recordando que actualmente alrededor del 80% de los abortos en España se practican en clínicas privadas, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
De aprobarse, España se convertiría en uno de los pocos países del mundo en incluir este derecho en su Constitución, siguiendo el precedente de Francia, que lo hizo en 2024.
Sin embargo, el camino parlamentario se presenta complejo. La reforma constitucional exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y el Senado, lo que hace imprescindible el respaldo del Partido Popular, que ya ha mostrado su rechazo a la iniciativa y la considera un movimiento “propagandístico” sin apoyos suficientes.
Desde la oposición también se ha criticado el momento elegido por el Gobierno, interpretando la propuesta como una maniobra para desviar la atención de otros asuntos políticos y judiciales de actualidad.
La propia ministra de Igualdad ha reconocido que el proyecto requerirá “grandes consensos” y ha abierto la puerta a negociar con los distintos grupos parlamentarios. En caso de no alcanzarse la mayoría necesaria, el procedimiento prevé la creación de una comisión para elaborar un nuevo texto que pueda ser sometido nuevamente a votación.
Además del debate político, la reforma ha suscitado dudas entre algunos juristas, que cuestionan la fórmula elegida. Al incluir el aborto dentro del derecho a la salud y no en el bloque de derechos fundamentales, advierten de que podría implicar un menor nivel de protección jurídica en lugar de reforzarlo.
Con todo, el Ejecutivo defiende que este es solo el primer paso de un proceso que pretende consolidar derechos y adaptarlos a la realidad social, en una reforma que, de prosperar, supondría la cuarta modificación de la Constitución desde su aprobación en 1978.
