Para un viajero que busque un piso en Madrid, el anuncio parecía corriente: un alquiler de temporada, una categoría que la ley reserva a estancias largas. Pero la reserva se podía hacer por unos pocos días. Esa contradicción es la que ha detectado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha requerido a dos plataformas la retirada de 8.318 anuncios.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy sostiene que esos alojamientos son en realidad pisos turísticos. Se publicitaban como alquileres de temporada pese a permitir reservas por menos de 31 días. Y es ahí donde, a juicio del Ministerio, se vulnera la ley: la Dirección General de Consumo recuerda que esa modalidad exige una duración mínima de 31 días, un límite que fija el Real Decreto-ley 29/2026. El decreto, aprobado a principios de mes, establece que un piso turístico no puede anunciarse más de 30 días y que un alquiler de temporada no puede bajar de 31.
La distribución geográfica del operativo es muy desigual. En la Comunidad de Madrid se detectaron 6.772 anuncios, de los que 6.523 corresponden a la capital. Los fallos que el Ministerio ha señalado se agrupan, por tanto, en una única ciudad.
Detrás de esta práctica hay un motivo. Según denuncian asociaciones vecinales y ha llegado a confirmar el Ayuntamiento de Madrid, muchos pisos turísticos recurren a la fórmula de la temporada para evitar la licencia turística y las multas por no tenerla.
Ahora las plataformas tienen que actuar. Si no retiran los anuncios o bloquean su acceso, Consumo podría abrirles un expediente. El Ministerio recuerda que ya ha actuado antes contra el sector: Booking retiró más de 4.000 anuncios tras un requerimiento oficial, y a Airbnb se le impuso una multa de 64 millones de euros por más de 65.000 anuncios ilegales. Airbnb ha defendido, por su parte, que en Madrid los alojamientos de corta duración suponen menos del 1% del parque de viviendas y que no hay una relación causal directa con la subida de los alquileres.
La actuación llega en plena precampaña. Con las elecciones anticipadas a un mes, el Gobierno aprovecha las semanas restantes para desplegar medidas al amparo del decreto de vivienda, que sigue pendiente de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. Hasta que el Parlamento se pronuncie, la base legal de estas actuaciones sigue sujeta a ese trámite.
