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El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar el Silo portuario de Santa Cruz de Tenerife como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio industrial, tras la paralización de su demolición prevista en la zona de la Autovía de San Andrés, junto al acceso al dique este del puerto capitalino.
La incoación del expediente implica que el edificio queda protegido de forma preventiva mientras se completa el procedimiento administrativo, lo que impide su derribo durante la tramitación. A partir de este paso se abre un periodo de información pública en el que se evaluarán informes técnicos, alegaciones y documentación aportada por las partes interesadas, antes de que la propuesta final sea elevada al Consejo de Ministros.
El inmueble, construido en la década de 1960, es un silo portuario de más de 30 metros de altura y constituye un ejemplo singular dentro de la arquitectura industrial vinculada a la actividad portuaria. Su estructura responde a un diseño funcional de carácter racionalista, basado en módulos de almacenamiento y volúmenes geométricos, sin elementos ornamentales, característico de este tipo de infraestructuras de posguerra.
El edificio, actualmente sin uso operativo desde hace décadas, conserva parte de su maquinaria original y se considera un testimonio de los sistemas de almacenamiento y distribución de grano desarrollados en el contexto de la política económica de la España de mediados del siglo XX. Además, es el único silo portuario de estas características que se mantiene en el conjunto del sistema portuario estatal.
La decisión ministerial llega tras semanas de informes y pronunciamientos de distintas administraciones y entidades técnicas que han solicitado la protección del inmueble. El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias habían reclamado la suspensión del derribo para valorar su interés patrimonial, mientras que el proceso de demolición había sido previamente impulsado por la Autoridad Portuaria dentro de una estrategia de reorganización del espacio industrial del puerto.
El cambio de situación administrativa supone que el edificio pasa a estar bajo el máximo nivel de protección cautelar previsto en la legislación de patrimonio histórico, consolidando su permanencia mientras se resuelve su futuro definitivo.
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