El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha cifrado en "un poquito por debajo de los 400 millones de euros" el coste que tendrá para las arcas públicas de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de las sentencias derivadas de la moratoria turística, frente a los alrededor de 900 millones de euros inicialmente previstos.
Así lo ha señalado este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha optado por cumplir las resoluciones judiciales pero negociando sus efectos para reducir al máximo el impacto económico.
"Hay unas sentencias que nos obligan, pero negociando los efectos de las mismas para que tengan el menor daño posible en las arcas públicas de la Comunidad Autónoma Canaria", ha explicado.
Cabello ha destacado que el coste inicialmente estimado en unos 900 millones de euros se redujo posteriormente hasta los 652 millones y que finalmente se sitúa "un poquito por debajo de los 400 millones de euros".
En este sentido, ha resumido el objetivo del Ejecutivo en "cumplir las sentencias" y, al mismo tiempo, "negociar a la baja para que el coste fuera el menor posible".
Finalmente, el portavoz ha lamentado que el actual Gobierno tenga que asumir las consecuencias de decisiones adoptadas en legislaturas anteriores. "Hoy nos toca gestionar las consecuencias de aquellas moratorias turísticas", ha apuntado.