La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público solicita además que ambos sean llamados a declarar en calidad de investigados, en una causa que pone bajo la lupa distintos contratos vinculados a eventos organizados por el Ayuntamiento de Arrecife.
La actuación de la Fiscalía tiene su origen en unas diligencias preprocesales abiertas después de una denuncia presentada en agosto de 2025 y posteriormente ampliadas con documentación municipal, informes de Intervención y Secretaría y un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La investigación no se limita a un expediente concreto, sino que trata de determinar si existió una forma reiterada de contratar determinados servicios municipales al margen de los procedimientos ordinarios de concurrencia.
La querella plantea como una de las cuestiones centrales el uso de contratos menores para prestaciones que, según la Fiscalía, podían ser previsibles y estar funcionalmente relacionadas entre sí. El Ministerio Público quiere determinar si esa fórmula pudo utilizarse para dividir prestaciones que, por su naturaleza y cuantía conjunta, deberían haber sido objeto de una licitación diferente.
Junto a esta cuestión aparece otro elemento relevante: los reparos formulados por la Intervención municipal. La investigación analiza tanto la existencia de esos reparos como las decisiones posteriores para levantarlos y continuar con la tramitación de determinados gastos. En el caso del alcalde, la Fiscalía pone el foco especialmente en su intervención en estos levantamientos y en el conocimiento que pudiera haber tenido de las objeciones planteadas por el órgano fiscalizador.
En cuanto a Echedey Eugenio, la querella relaciona su posible responsabilidad con las competencias que ostenta en materia de Hacienda y Contratación y con la tramitación y adjudicación de contratos menores vinculados a distintos eventos. La Fiscalía plantea que deberá determinarse si su actuación pudo contribuir a una dinámica de contratación fragmentada o a la utilización de procedimientos que deberían haber sido sustituidos por otros mecanismos de contratación pública.
Ambos dirigentes han coincidido en señalar que se trata de una denuncia política de un abogado, a título personal, vinculado al PSOE.
El informe de la UDEF constituye una de las bases documentales de la actuación del Ministerio Público. Los investigadores señalan, entre otros aspectos, el uso intensivo de contratos menores, la posible división de prestaciones relacionadas con un mismo evento, la existencia de reparos de Intervención y la utilización de plazos muy reducidos para la presentación de ofertas en algunos expedientes. En determinados casos, según la investigación, únicamente una de las empresas consultadas habría presentado oferta.
Una investigación que abarca varios eventos
La investigación abarca eventos como Navilan, el Carnaval de Arrecife de 2024, la Feria de Abril de ese mismo año y el evento Billy Capers, celebrado en septiembre de 2025, en el que se ha puesto el foco especialmente.
En el caso de Navilan, la UDEF examinó inicialmente una parte de los expedientes debido al volumen de documentación, entre ellos contratos relacionados con elementos de carpintería y atrezzo, decoración, merchandising, azafatas e imprenta. La hipótesis que debe comprobar ahora la investigación judicial es si prestaciones que formaban parte de un mismo evento fueron contratadas mediante expedientes diferenciados cuando, por su relación funcional, podrían haber requerido otro procedimiento. La Fiscalía también solicita que se incorporen nuevos informes policiales sobre otros eventos y ejercicios, por lo que el alcance definitivo de la causa todavía está por determinar.
Uno de los episodios que aparece en la querella es el relativo a Billy Capers. En este caso, la investigación aborda las circunstancias en las que se celebró el evento y la posterior tramitación de una factura por importe de 350.000 euros. La Fiscalía recoge, entre otros elementos, la declaración del secretario accidental del Ayuntamiento según la cual el evento se celebró sin que existiera un contrato administrativo perfeccionado. Echedey Eugenio, por su parte, ha defendido públicamente que este expediente no pasó por su departamento y ha rechazado responsabilidad sobre esta contratación.
La respuesta de los responsables municipales
Tanto Yonathan de León como Echedey Eugenio han defendido la legalidad de la gestión municipal y han mostrado su disposición a colaborar con la Justicia. Eugenio ha sostenido que los contratos menores están contemplados por la legislación y que su utilización es legal siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El concejal ha evitado anticipar conclusiones sobre la investigación y ha señalado que será la Justicia la que determine si existió alguna irregularidad.
