La intervención de Canal Gestión sale adelante, y lo hace por unanimidad, con los votos de todos los alcaldes y representantes asistentes, esto es: Echedey Eugenio, por Arrecife; Olivia Duque, por Teguise; Isidro Pérez, por San Bartolomé; José Juan Cruz, por Tías; Óscar Noda, por Yaiza; Alfredo Villalba, por Haría; y Luis Miguel Pérez, por Tinajo. Hay que destacar que no acudió a la reunión ningún representante del Partido Popular.
En la Asamblea General celebrada este lunes se aprobó unánimemente este segundo punto, el “secuestro” temporal del ciclo integral del agua que gestiona Canal Gestión, a pesar de que había dudas sobre esta unanimidad precisamente por el comunicado que el PP sacaba a última hora del sábado pidiendo que dejara sobre la mesa esa intervención hasta que se realizara un mejor estudio de la misma. Hecho que explica la no asistencia de los populares.
También se aprobó por unanimidad llevar al Consultivo de Canarias la resolución definitiva del contrato con la empresa.
El informe previo habla de perturbación muy grave
El informe técnico-administrativo elaborado por el Consorcio del Agua de Lanzarote concluí que el servicio del ciclo integral del agua sufre una “perturbación grave” que afecta de forma simultánea a la producción, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Este documento, base de la propuesta de intervención del servicio, advierte de un deterioro sostenido que compromete un suministro considerado esencial para la isla.
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En el ámbito de la producción, las principales desaladoras presentan problemas continuados. La planta de Janubio, por ejemplo, lleva meses funcionando por debajo de su capacidad debido a una avería no resuelta en un sistema clave, lo que ha reducido notablemente la producción. A ello se suman paradas frecuentes en otras instalaciones, con más de un millar de horas acumuladas de interrupciones en los últimos meses. El informe subraya además la ausencia de equipos de reserva y deficiencias en el mantenimiento preventivo.
La red de distribución refleja otro de los grandes problemas estructurales. Las pérdidas de agua superan el 55%, un dato que no ha mejorado en más de una década, pese a ser una obligación contractual. Esta situación ha obligado a implantar cortes de suministro periódicos que, según el informe, ya no son excepcionales sino parte del funcionamiento habitual del sistema, afectando de forma imprevisible a la población.
En cuanto al saneamiento, el documento recoge incidencias recurrentes en estaciones de bombeo y redes, con desbordamientos incluso en condiciones normales. Estas situaciones se repiten en varios puntos de la isla debido al mal estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de vertidos y problemas ambientales.
La depuración tampoco cumple los estándares exigidos. Las principales estaciones depuradoras operan al límite de su capacidad y presentan fallos continuos que impiden garantizar la calidad del agua tratada. Esta situación ha derivado en sanciones por incumplimientos y ha reducido a menos de la mitad el volumen de agua disponible para reutilización, afectando especialmente al sector agrícola.
El informe también señala deficiencias en la gestión, como la falta de información al Consorcio, la insuficiencia de personal y la ausencia de planificación en el mantenimiento. Además, destaca que muchas de las incidencias no se comunican de forma adecuada ni se resuelven en plazos razonables, lo que agrava la sensación de descontrol sobre el sistema.
En conjunto, el documento concluye que no se trata de fallos puntuales, sino de un problema estructural que se ha agravado con el tiempo. La reiteración de incidencias, la incapacidad de respuesta del concesionario y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora justifican, según el Consorcio, la necesidad de asumir el control del servicio para garantizar su continuidad y estabilidad.
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