El Sindicato de Inquilinas de Tenerife informa este jueves de que mañana viernes a las 10.00 horas está previsto un lanzamiento en una vivienda situada en la calle José Ventura, en Granadilla de Abona, por falta de pago y tramitado ante el Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona.
Por ello exige al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que "movilicen de manera inmediata todos los recursos necesarios para evitar el desahucio de una vecina y garantizarle una alternativa habitacional digna y adecuada a su situación".
La organización detalla en una nota que la vecina, de 54 años, depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y no dispone de nómina ni contrato de trabajo.
Además, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y cuenta con el apoyo y los cuidados de un joven que se hace cargo de ella.
Según se le ha trasladado al sindicato, esta situación le está impidiendo acceder a una vivienda de alquiler ya que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales que no tiene.
"Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar", explica.
A su situación económica se suma que padece un cáncer terminal, con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios y se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia.
El sindicato apunta que una trabajadora social ya ha trasladado al juzgado un escrito solicitando que se concedan unos días más pero "no es la solución". "Las administraciones deben actuar de inmediato para garantizar que esta vecina no quede en la calle", indica.
En esa línea expone que este caso "es una muestra más de una crisis habitacional que está dejando a cada vez más personas sin capacidad para acceder o mantener una vivienda".
Así, los colectivos por la vivienda en Canarias, con el apoyo de más de 70 organizaciones, han presentado un Plan de Emergencia Habitacional, con 13 medidas, entre ellas la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional garantizada, la eliminación de criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública y el aumento y blindaje del parque público de vivienda.
A su juicio, "las administraciones no pueden limitarse a gestionar las consecuencias de la emergencia habitacional mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda y otras se enfrentan directamente a la pérdida de su hogar, la verdadera política antidesahucios se hace mucho antes de que se den nuevos casos de desalojo, ahora, lo mínimo es actuar para que la persona afectada no se quede sin casa".
