El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado por unanimidad el decreto de ayudas por los efectos en las islas de la guerra contra Irán, si bien la oposición las ha considerado insuficientes.
El PSOE y Nueva Canarias plantearon sin éxito que el decreto se tramitara como proyecto de ley para introducir mejoras. Las ayudas, que están en vigor desde el 8 de abril y se mantienen por ahora hasta el 30 de junio, suponen un gasto público de 29,8 millones de euros, de los que el Gobierno de España aporta 15,3 millones y el de Canarias, 14,5 millones.
La parte correspondiente al Gobierno de España fue negociada para compensar la no aplicación en Canarias de algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo estatal para paliar los efectos de la guerra, como la rebaja en el IVA de los combustibles.
El decreto ha sido presentado ante el Parlamento por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien ha ratificado que el coste de las ayudas aprobadas es de 29,8 millones de euros, que subiría hasta los 46,7 millones si se extendieran a todo 2026 y a 68,9 millones si se prorrogaran por un año completo. Asián ha adelantado que en caso de prolongarse las consecuencias de la guerra y el Estado prorrogase sus ayudas, el Gobierno de Canarias planteará una compensación de 150 millones de euros anuales por los efectos de la merma recaudatoria en la financiación autonómica.
También solicitará que los transportistas canarios sean incluidos en las ayudas estatales a los combustibles con un descuento equivalente a 0,20 euros por litro. La consejera ha informado de las medidas incluidas en el decreto del Gobierno de Canarias, como elevar de 30.000 a 50.000 euros el volumen de operaciones para acogerse a la exención del IGIC en autónomos y pymes; reducir del 1 % al 0 % el IGIC en los productos energéticos; aplicar el 0 % de IGIC a la sal, la mantequilla y el café; e incrementar la devolución del impuesto sobre combustibles para los profesionales del transporte del 67 % al 99 %.
En cuanto a las medidas de ayuda directa, el decreto plantea compensaciones por el incremento de costes a la industria por 3,6 millones de euros y al sector primario por otros 3,6 millones. Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a las medidas, aunque Vox, PSOE y NC las han considerado insuficientes y estos dos últimos partidos han pedido infructuosamente que el decreto se tramitara como proyecto de ley para incorporar mejoras. Sebastián Franquis, del grupo Socialista, ha denunciado que el decreto ha llegado con retraso y ha evidenciado una "nula sensibilidad social" del Gobierno ante los efectos de la guerra en las economías familiares. Franquis ha reivindicado que la protección social debería ser el eje central de las ayudas frente al fuerte incremento continuado de los precios.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, ha considerado en cambio que las medidas adoptadas son las necesarias y ha recordado que el 30 de junio se revisarán y en su caso se ampliarán, en función de la evolución de los acontecimientos.
Las medidas se plantean de forma gradual y adaptable, en función de la evolución de la crisis, y el Gobierno de Canarias debe tener flexibilidad para actuar si la crisis se mantiene, por eso tramitar el decreto como proyecto de ley podría en realidad obstaculizar la agilidad en la adopción de medidas, ha señalado. Fernando Enseñat, del PP, ha criticado que el Gobierno de España excluyera al archipiélago de las recientes medidas dictadas frente a la crisis internacional, ha defendido las ayudas del Ejecutivo autonómico y ha reclamado una flexibilización de la regla de gasto para ampliar el margen de actuación.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha lamentado que el Gobierno de Canarias renunciara a ejercer sus competencias y omitiera el despliegue de ayudas sociales directas para las familias, y ha considerado "claramente insuficiente" la aportación de 14,5 millones de euros a la que se ha limitado el Ejecutivo regional. Nicasio Galván, de Vox, ha considerado que las medidas fiscales son insuficientes, ha demandado una reducción fiscal más profunda y permanente, no coyuntural, y elevar la exención del IGIC a los autónomos a 85.000 euros.
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