Canal Gestión Lanzarote ha solicitado este miércoles la resolución del contrato de gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa para lo que ha iniciado formalmente los trámites legales por "causas imputables al Consorcio del Agua de Lanzarote".
En un comunicado, Canal Gestión Lanzarote expone que tras más de doce años prestando el servicio en un escenario "de hostilidad jurídica y técnica", ha decidido adoptar esta decisión "basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos" por parte de la Administración insular del agua.
Señala que en primer término el Consorcio "se comprometió contractualmente a ejecutar y financiar" unas inversiones, valoradas en 78,7 millones de euros, que aseguran "no ha llevado a cabo", después además de adelantar un canon de 50 millones de euros que "destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico" ante su "deficiente estado" de conservación inicial.
Aseguran que el "inexplicable abandono" de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red "ha supuesto una degradación" de las infraestructuras del agua "en perjuicio" tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote.
A ello suman el "bloqueo deliberado" a la actualización tarifaria, apuntando que desde el año 2017, el Consorcio "ha eludido sistemáticamente" la revisión de tarifas prevista en el contrato a pesar de "estar reconocida y amparada" por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esta situación, puntualiza, supone una "vulneración flagrante" de los derechos del concesionario, además de manifestar que le ha generado a la compañía un "déficit superior" a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo de Lanzarote "va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales".
También señalan que el Consorcio del Agua ha impuesto modificaciones contractuales, incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, que "han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales" de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013.
Se trata de novaciones que, aseguran, han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se han efectuado obviando los procedimientos legalmente establecidos.
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