El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho este viernes un llamamiento al respeto de la presunción de inocencia y del desarrollo del proceso judicial ante la apertura de juicio oral contra la consejera Inés Miranda y otros seis acusados por supuestas irregularidades cometidas en las Jornadas de Paisaje entre 2016 y 2019.
En un comunicado remitido a EFE, Morales ha recalcado que la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas no es una sentencia y que la fase judicial que ahora se abre permitirá a los acusados ejercer su derecho a la defensa, pues así lo ampara y lo prevé el marco jurídico sobre el que se levanta el Estado de Derecho español.
El presidente del Cabildo ha recordado el daño que producen los juicios mediáticos paralelos y ha señalado que políticos canarios de distinto signo como Carlos Sánchez (PP), Pedro Sanginés (CC) o el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), han vivido procesos judiciales con acusaciones de la Fiscalía de parecida índole que luego fueron sobreseídos o en los que resultaron absueltos.
En todos los casos, ha recalcado Morales, se sufrió un juicio mediático paralelo, con el consiguiente daño personal y familiar, por lo que ha insistido en dejar actuar a la justicia y en garantizar la presunción de inocencia.
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas aprecia en los siete acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa y pide también que seis de los procesados indemnicen al Cabildo con 15.717 euros.
El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, que también figuran en la causa.
A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares.
José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión.
En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad.
